Radiografía de la corrupción en España: los grandes casos, uno a uno, y en qué punto están

En septiembre de 2009, Fèlix Millet, presidente durante décadas del Palau de la Música de Barcelona, publicó una carta en La Vanguardia en la que confesaba haberse apropiado de al menos 3,3 millones de euros de la institución, según la cronología de 3Cat. Lo que la justicia acabó dando por probado fue bastante más, y tardó en hacerlo. El Tribunal Supremo confirmó la condena en abril de 2020, veintiún años después de los primeros hechos. Millet, condenado a nueve años y ocho meses, cumplió dos años y cuatro meses en prisión antes de acceder al tercer grado por motivos humanitarios. De los 23 millones que él y su mano derecha, Jordi Montull, debían reintegrar, en octubre de 2023 se habían recuperado casi 13.

Veintiún años de justicia, una cuarta parte de la condena en prisión y algo más de la mitad del dinero. El caso Palau parece una historia singular. No lo es. Crónica 33 ha reconstruido 51 causas de corrupción juzgadas en España desde 1990 en las que había al menos un alto cargo entre los acusados —ministros, presidentes y consejeros autonómicos, alcaldes de grandes ciudades, presidentes de diputación, tesoreros de partido—, sobre todo del PP y del PSOE, pero también de Convergència, el PNV, Coalición Canaria y partidos que ya no existen. De cada una se han buscado las fechas, las sentencias, el dinero en juego, el recuperado y el tiempo que los condenados han pasado en prisión.

Puestas en orden, las causas comparten tres constantes. La condena firme llega de mediana catorce años después de los primeros hechos; casi nunca consta cuánto se ha recuperado, y la pena escrita no es la cumplida, porque en los diez casos en que se puede calcular, el principal condenado pasó en prisión, de mediana, el 23 % de su condena.

Los noventa: Filesa, Roldán y los fondos reservados

La primera gran causa de financiación de un partido en democracia se destapó en 1991. Las empresas del grupo Filesa facturaban a grandes compañías informes que nunca se elaboraban, y ese dinero sufragaba gastos del PSOE, según la sentencia del Tribunal Supremo, que juzgó el caso en única instancia porque había aforados y lo cerró en octubre de 1997 (archivo Nizkor). Hubo ocho condenados. El responsable de finanzas del partido, Carlos Navarro, recibió once años, y el Gobierno le indultó después la mitad de la pena. No consta cuánto se recuperó. Diez años entre los primeros hechos y la sentencia firme: en la base de Crónica 33, una de las causas más rápidas de su época, juzgada en una sola instancia.

Mientras se instruía Filesa estalló otro caso, este dentro del propio Estado. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, se apropió de fondos reservados y percibió comisiones por las obras del propio cuerpo; se fugó en abril de 1994, fue detenido en febrero de 1995 y el Supremo hizo firme su condena a 31 años en diciembre de 1999 (*The Objective*). Cumplió casi ocho años en régimen ordinario antes del tercer grado y salió en libertad en 2010, tras unos quince en total. En 2010 había pagado poco más de 1,6 de los unos 19 millones que debía, incluidas las multas, según la misma fuente. Murió en 2022. Las causas de los fondos reservados del Ministerio del Interior siguieron otro ritmo: los primeros hechos eran de 1983 y la condena firme por malversación del exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera llegó en 2004, veintiún años después (BOE).

Marbella: de Gil a la operación Malaya

Mientras se juzgaban los noventa, en Marbella la corrupción se instaló en el propio ayuntamiento. Su alcalde, Jesús Gil, fue condenado por pagar con fondos municipales publicidad del Atlético de Madrid, el club que presidía: la Audiencia de Málaga le impuso 28 años de inhabilitación por prevaricación, y en 2002, tras ratificar el Supremo la condena, tuvo que abandonar la alcaldía (*eldiario.es*).

Con sus sucesores, la trama continuó. El 29 de marzo de 2006, la operación Malaya detuvo a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y al asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca: en Marbella se pagaban sobornos a cambio de licencias urbanísticas. El 7 de abril, el Gobierno disolvió el Ayuntamiento y lo sustituyó por una gestora, una medida que un estudio académico describe como la primera aplicada en España por una trama de corrupción (*Periódico de Ibiza*, Redalyc). El juicio terminó en octubre de 2013 con 53 condenados de 85 acusados, según el recuento del consorcio de periodistas OCCRP y de *Jurist*, y en 2015 el Supremo elevó a 17 años la pena de Roca (nota del Supremo). No consta una cifra oficial del dinero recuperado de la trama.

De sus ramificaciones salió también una condena muy seguida por la prensa del corazón: en abril de 2013, la Audiencia de Málaga condenó al exalcalde Julián Muñoz a siete años y a su entonces pareja, la cantante Isabel Pantoja, a dos por blanquear dinero de aquellas operaciones (Reuters en *LegalToday*, *El Universo*).

El suelo de las islas: Las Teresitas y Can Domenge

Marbella no fue una excepción geográfica. En diciembre de 2006 salió a la luz que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, había comprado los terrenos del frente de playa de Las Teresitas por unos 52,5 millones, cuando la tasación municipal rebajaba su valor a unos 19, según RTVC (Público sitúa la tasación en 20). El exalcalde fue condenado a siete años de prisión, en firme, en 2019, junto a otras cinco personas (nota del Consejo General del Poder Judicial): veintiún años después de los primeros hechos. Entró en prisión en abril de 2019; no consta cuándo salió. La sentencia fijó una indemnización de 61,7 millones más intereses, y el Ayuntamiento pactó cobrar 95 millones, pero una parte quedó aplazada a catorce años y no hay cifra pública de lo cobrado.

En Mallorca, el caso Can Domenge mostró la distancia entre lo que se ordena reintegrar y lo que se cobra. La presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina, vendió un solar público por debajo de su valor con información privilegiada, y el Supremo la condenó en 2014, ocho años después de los primeros hechos (*Última Hora*). Los cuatro exdirigentes de Unió Mallorquina condenados debían 12 millones al Consell; en mayo de 2016 habían pagado 115.000 euros, menos del uno por ciento de su parte, según *Última Hora* y el *Majorca Daily Bulletin*. Del total que fijó la sentencia, casi 16 millones con dos empresas, se habían cobrado entonces algo más de 3, según el mismo diario británico. No hay cifra pública posterior.

2009: Gürtel, Palau, Pretoria y De Miguel

Lo que en Marbella y en las islas había sido el suelo, en el resto del mapa fue sobre todo la contratación pública. Cuatro de las grandes causas salieron a la luz en 2009.

La primera fue la Gürtel: en febrero de 2009, la Policía detuvo a Francisco Correa. Su red obtenía contratos de ayuntamientos y gobiernos autonómicos del PP a cambio de dádivas, y los troceaba para esquivar el concurso: en Pozuelo de Alarcón, según la sentencia de 2018, una oficina municipal de 92.098,10 euros se partió en cuatro facturas, todas por debajo de los 30.050,61 euros a partir de los cuales había que licitarla, como detalla el reportaje de Crónica 33 sobre la Gürtel. La causa había empezado con la denuncia de un concejal del PP de Majadahonda que grabó a los cabecillas con una grabadora en el bolsillo de la americana, y que acabó condenado a cuatro años y nueve meses en la misma causa que destapó. La sentencia de la primera época, hecha pública el 24 de mayo de 2018, condenó a 29 de los 37 acusados y describió en el PP una contabilidad paralela a la oficial; ocho días después, el 1 de junio, el Congreso aprobó con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención la primera moción de censura de la democracia que salía adelante (Diario de Sesiones). La condena fue firme en 2020. Correa, condenado a 51 años con un límite de cumplimiento de 18, accedió al tercer grado en junio de 2023, tras unos diez en prisión. La Audiencia Nacional ordenó en 2021 repatriar 50,3 millones bloqueados en Suiza a nombre de miembros de la trama; no consta cuánto ha llegado.

Cinco meses después, en julio de 2009, los Mossos registraron el Palau de la Música, y en septiembre llegó la carta de Millet. La causa descubrió además que, desde finales de los noventa, la constructora Ferrovial pagaba a Convergència, a través del Palau, comisiones del 4 % de la obra que adjudicaban las administraciones que controlaba el partido; el Supremo lo describió como un «intercambio de favores», según *Vozpópuli*. A Convergència se le decomisaron 6,7 millones, que no constan cobrados: el partido entró en concurso de acreedores y esa deuda quedó por detrás de la de los bancos.

El patrón aparecía también en el área de Barcelona. En octubre de 2009, en Santa Coloma de Gramenet, la causa Pretoria sentó en el banquillo a dos exconsellers de Convergència y al alcalde socialista de la ciudad, por operaciones urbanísticas con testaferros que dejaron casi seis millones de ganancias ilícitas. Los dos exconsellers aceptaron su condena por conformidad en 2018; la del alcalde fue firme en 2020, cuando la confirmó el Supremo, dieciocho años después de los primeros hechos (*The Objective*, *Qué.es*); no consta una cifra oficial de lo recuperado.

Y en diciembre de 2009, en Álava, una empresaria denunció que el número dos del PNV en la provincia, Alfredo de Miguel, le exigía una comisión a cambio de contratos públicos. La investigación concluyó que percibía comisiones por adjudicaciones de organismos públicos y las ocultaba con sociedades pantalla (*Noticias de Navarra*).

El Supremo lo condenó en 2023 a doce años y cuatro meses: dieciocho años después de los primeros hechos. Entró en prisión en julio de 2023 y en febrero de 2026 accedió al tercer grado. No consta cuánto dinero se ha recuperado.

2011-2014: los ERE, Nóos, los papeles y la confesión

En enero de 2011, en Sevilla, la jueza Mercedes Alaya abrió la investigación de los expedientes de regulación de empleo. Entre 2000 y 2009, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, había concedido ayudas a trabajadores y empresas en crisis al margen del procedimiento legal: según la sentencia, la Junta dispuso de «más de 680.000.000 €» «mediante el mecanismo inadecuado de las transferencias de financiación». No es el botín: son ayudas concedidas sin procedimiento, no dinero sustraído en su totalidad. La partida quedó en la memoria colectiva como el «fondo de reptiles», una expresión que la investigación policial atribuyó al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que él negó en el juicio: «No ha salido de mi boca», según *Público* y *El Independiente*. La sentencia condenó en 2019 a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y fue firme en 2022: seis años de prisión para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves (*El Salto*, *La Marea*). Pero no terminó ahí: en 2024, el Tribunal Constitucional estimó en parte sus recursos de amparo y los de otros condenados, anuló las condenas en la parte que se basaba en los proyectos y las leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz —mantuvo, en el caso de Griñán, la condena por una modificación presupuestaria de diciembre de 2004— y ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar un nuevo fallo. En agosto de 2022, la Junta había recuperado 21 millones por todas las vías; en octubre de 2023 cifraba lo reclamado en 433,6 millones. Reclamado no es cobrado.

El mismo año, en noviembre de 2011, Anticorrupción registró la sede del Instituto Nóos; el juez José Castro había abierto la pieza en julio de 2010 (cronología de *Última Hora*). El Gobierno balear del PP, presidido por Jaume Matas, había financiado con fondos públicos, entre 2004 y 2007, al instituto de Iñaki Urdangarin, yerno del entonces rey, Juan Carlos I, en contratos que acabaron en condenas por prevaricación y malversación. En 2018, el Supremo condenó a Urdangarin a cinco años y diez meses, y a Matas, a tres años y ocho meses; la infanta Cristina fue absuelta, pero debía reintegrar 136.950 euros como partícipe a título lucrativo, la figura de quien se beneficia de un delito sin haber participado en él (*Valencia Plaza*, *Mallorcadiario*). Matas ingresó en prisión el 13 de junio de 2018 y accedió al tercer grado en agosto de 2020, tras cumplir la mitad de su condena acumulada, de cuatro años y tres meses (*OKDiario*, *Vozpópuli*).

En enero de 2013, El País publicó los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas, con anotaciones de pagos a dirigentes del partido —entre ellas, varias a nombre de «M. Rajoy»— que ningún tribunal ha dado por probadas como pagos y por las que Mariano Rajoy nunca fue investigado. Ese mismo mes entró en vigor la reforma que permitía, por primera vez, juzgar penalmente a los partidos como personas jurídicas, solo por hechos posteriores (LO 7/2012). La causa por el pago en negro de la reforma de la sede del PP en la calle Génova terminó en noviembre de 2024, cuando el Supremo redujo las condenas porque habían pasado cinco años entre el final de la instrucción y el juicio: la pena de Bárcenas en esa causa bajó de dos años a ocho meses. Condenado a 29 años y un mes en la Gürtel y a esos ocho meses, obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2024 con dos tercios cumplidos; su condena se extingue hacia septiembre de 2028, según la Audiencia Nacional: unos doce años efectivos. Es, además, el único que consta que ha pagado completa su responsabilidad civil en la Gürtel: 4.535.254,92 euros. El borrado de sus ordenadores dio lugar al único juicio penal a un partido como persona jurídica que se ha encontrado: el PP fue absuelto en firme en 2020, por falta de pruebas, y los discos destruidos «a martillazos» que quedaron en la memoria popular no constan en ninguna resolución: según Maldita.es, se formatearon y se rayaron.

Ese mismo año, en diciembre de 2013, una alerta antiblanqueo de Suiza abrió la Púnica, la causa sobre contratos municipales en la Comunidad de Madrid. Una década después, la Audiencia Nacional empezó a dictar sentencias por piezas, todas todavía recurribles: en diciembre de 2025 condenó a seis exalcaldes, con la atenuante de dilaciones indebidas, y en julio de 2026, a dos años y medio al ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, por amañar contratos públicos en favor de una empresa de festejos (*Infobae*).

Y en julio de 2014, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol confesó en una carta pública que había tenido dinero oculto en Andorra durante décadas, y lo atribuyó a un legado de su padre, Florenci, la deixa, que según *eldiario.es* nunca respaldó con documentos ante los jueces. Es una confesión sobre la que ningún tribunal llegará a pronunciarse: el 27 de abril de 2026, la Audiencia Nacional lo apartó del juicio por una demencia sobrevenida y lo eximió de responsabilidad penal sin absolverlo (*Euronews*, *El Salto*). El juicio sigue contra sus hijos.

Los años veinte: las mascarillas y la excepción de los aforados

La causa más reciente de la base parece desmentir la lentitud, y en realidad la explica. En febrero de 2024 salió a la luz el caso de las mascarillas. En junio de 2026, el Supremo condenó al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en contratos de mascarillas de organismos de su ministerio durante la pandemia, y a su exasesor Koldo García a 19 años y 8 meses. Ábalos estaba en prisión provisional desde el 27 de noviembre de 2025 (*Diario de León*, *Menorca*). Dos años y cuatro meses desde que salió a la luz. La juzgó directamente el Supremo, porque había aforados, y un aforado se juzga en única instancia, sin el escalón de la audiencia ni el recurso posterior. Y ni siquiera ahí la condena escrita es la que se cumple: la sentencia fija para Ábalos un máximo de cumplimiento efectivo de dieciséis años y seis meses, según la nota resumen del Supremo.

Lo que dicen las 51 causas juntas

Lo que estalló en cinco años tardó más de una década en juzgarse. El tiempo se va en tres tramos: una instrucción que en las macrocausas se mide en años de comisiones rogatorias, peritajes y piezas separadas; un juicio que puede tardar en señalarse, y unos recursos que, en una causa juzgada por una audiencia provincial, terminan en el Supremo.

| Causa | Partido vinculado | Primeros hechos | Condena firme | Años | |---|---|---|---|---| | ERE de Andalucía | PSOE | 2000 | 2022 | 22 | | Gürtel, primera época | PP | 1999 | 2020 | 21 | | Palau de la Música | CDC | 1999 | 2020 | 21 | | Las Teresitas | CC | 1998 | 2019 | 21 | | De Miguel (Álava) | PNV | 2005 | 2023 | 18 | | Caja B del PP | PP | 2007 | 2024 | 17 | | Mascarillas | PSOE | 2019 | 2026 | 7 |

La mediana de catorce años se calcula sobre los 26 casos firmes en los que constan los primeros hechos y la fecha de la sentencia definitiva, y va de 2 a 24. Si se cuenta desde que el caso sale a la luz, en las 24 causas en que consta esa fecha, baja a 9,4 años. Y encierra una trampa: las ocho causas que empezaron antes del año 2000 y ya han terminado tardaron una mediana de 21 años; las siete que empezaron de 2010 en adelante, 7. No es que la justicia vaya ahora más rápido. Es que de esa última década solo han terminado las causas cortas; las largas siguen abiertas. El caso Erial, por el que la Audiencia de Valencia condenó al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en 2024, investiga hechos que empezaron en 1997 y sigue pendiente del Supremo: 29 años. La lentitud tiene además un efecto que las propias sentencias reconocen: la atenuante de dilaciones indebidas, que rebaja la pena cuando el Estado tarda más de lo razonable en juzgar, como en la caja B y en la Púnica.

En las causas con sentencia firme y fechas documentadas, la condena llegó de mediana catorce años después de los primeros hechos.

Con la condena firme llega la pregunta de cuánto se cumple. Se ha calculado para el condenado a la pena más alta de cada causa firme, como tiempo en régimen ordinario hasta el tercer grado, la libertad condicional o el indulto, sin contar a Juan Hormaechea, el expresidente cántabro que no llegó a entrar en prisión porque fue indultado; en el procés se cuenta lo cumplido hasta el indulto. Solo se puede hacer en diez casos, y en ellos la mediana es del 23 %. Detrás de ese porcentaje hay dos reglas legales, no favores: el Código Penal limita lo que una persona puede cumplir aunque la suma de sus penas sea mayor —a Correa, 18 de sus 51 años—, y el tercer grado, que permite dormir en un centro abierto o con control telemático, es una forma de cumplir la condena, no la libertad.

El dinero es la tercera pregunta, y la que peor se responde. En 39 de las 51 causas no se ha encontrado ninguna cifra pública del dinero recuperado. No existe una estadística oficial que recoja, caso por caso, cuánto se ordenó reintegrar y cuánto se ha cobrado, ni un cómputo total de lo defraudado: cada sentencia mide un concepto distinto, sean comisiones, ayudas concedidas sin procedimiento o cuotas tributarias. Donde la cifra existe, lo habitual es la distancia: casi 13 de 23 millones en el Palau, 21 millones recuperados frente a 433,6 reclamados en los ERE, algo más de 3 de casi 16 millones en Can Domenge. Y en el caso Pallerols, el de los cursos para parados de la Generalitat de Catalunya que acabaron financiando a Unió Democràtica, hay dinero que ya no se recuperará: la Comisión Europea suspendió en 2001 los 5,1 millones del Fondo Social Europeo que cofinanciaban esos cursos, y el Estado, que los había adelantado, renunció a reclamarlos en 2012, según *Público*.

Detrás de muchas de estas causas había un partido, y por eso conviene precisar qué les pasó. En la conversación pública, los casos se recuerdan por las siglas; en los tribunales, las siglas casi nunca se sientan en el banquillo. No consta ninguna condena penal firme a un partido como tal: hasta 2013 la ley no lo permitía, y después solo por hechos posteriores. Lo que sí existe es la obligación de reintegrar aquello de lo que el partido se benefició sin participar en el delito. El PP pagó así 245.492,80 euros en la primera época de la Gürtel y 204.198,64 en la pieza de Boadilla, y respondió como responsable civil subsidiario de 123.669 euros en la causa de la caja B. Unió Democràtica pagó 388.000 euros en el caso Pallerols, una parte como responsable civil subsidiario, según *Público*. A Convergència se le decomisaron los 6,7 millones del Palau, que no es lo mismo: el decomiso es la pérdida de la ganancia de un delito.

Tampoco es homogéneo cómo se descubren: en casi la mitad de las 51 causas no consta. Donde consta, la vía más frecuente es una denuncia, en 12 casos, como la del concejal que destapó la Gürtel o la de la empresaria que destapó el caso De Miguel; otras cuatro empezaron con una inspección de Hacienda o una alerta financiera, como el Palau o la Púnica, y cuatro más con una investigación periodística, como los papeles de Bárcenas.

Lo que se paga de más en la contratación pública lo paga cualquiera que use un hospital, una carretera o un ayuntamiento, y hay un indicador oficial de cuánto sigue expuesta: en 2025, el 41,93 % de las adjudicaciones de contratos públicos en España (sin contar los negociados sin publicidad) tuvo un solo licitador, y el negociado sin publicidad —la adjudicación sin concurso abierto— se llevó el 26,47 % del importe, según el informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Un contrato con una sola oferta no es un contrato corrupto, pero es el terreno en el que funcionaron muchas de las tramas de este recorrido.

Lo que sigue abierto

A 24 de octubre de 2026, varias causas que afectan a cargos públicos o a su entorno siguen sin sentencia, y todos sus investigados y acusados conservan la presunción de inocencia.

En instrucción. En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno instruye la pieza sobre presuntos amaños de obra pública en la que figura como investigado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, junto a otras trece personas (*El Español*, *Moncloa.com*), y sigue abierto en el mismo tribunal el caso Leire Díez, en el que está investigada esta exmilitante socialista, detenida en diciembre de 2025 (Europa Press en *Última Hora*), sobre una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, en el que el juez Santiago Pedraz rechazó por ahora, el 9 de octubre, investigar al PSOE como persona jurídica, siguiendo el criterio de Anticorrupción, que lo consideraba prematuro. En Tarragona, el juez que investiga al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro por la presunta influencia de su antiguo despacho en reformas legales prorrogó la instrucción hasta enero de 2027 (EFE en *Infobae*).

Pendientes de juicio. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, según el auto del juez Juan Carlos Peinado de abril de 2026; la Audiencia de Madrid mantuvo el juicio con jurado, pero anuló la apertura de juicio oral de junio y obligó a dictar una nueva. No hay fecha, y no será antes de 2027, según *Demócrata* y *Vozpópuli*. Convergència y su sucesor, el PDeCAT, están pendientes de juicio como personas jurídicas en el caso del 3 %, la sospecha de que empresas pagaban comisiones a cambio de obra pública en Cataluña: el juez abrió juicio oral en noviembre de 2022 y no hay fecha.

Vistas para sentencia. Esperan sentencia el último juicio de la Gürtel, sobre la estructura de facturas falsas y blanqueo, visto desde noviembre de 2025 (véase el caso Gürtel); el de los hijos de Pujol, visto para sentencia desde el 14 de mayo de 2026, en el que la Fiscalía sostiene que el dinero de Andorra procede de la corrupción y la familia, que es una herencia, y el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para arrebatar a Bárcenas sus documentos, en el que está acusado el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, visto desde julio de 2026 (*Diario de León*).

Pendientes de recurso. El caso Erial espera al Supremo; las sentencias de la Púnica, a sus recursos, y los ERE, a la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que la Audiencia de Sevilla elevó una consulta en julio de 2025.

España, vista desde fuera

Las sentencias miden lo que llega a juicio; la percepción mide otra cosa, y también ha empeorado. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2025, España obtuvo 55 puntos sobre 100 y cayó al puesto 49 de 182 países, según *idealista* y el análisis de EY, que la sitúa como la peor puntuación de la serie desde 2012. En el Eurobarómetro especial de 2026, el 92 % de los encuestados en España considera que la corrupción está extendida en el país y el 53 % se siente afectado por ella en su vida diaria, según los datos recogidos en el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea (*Infobae*, *Moncloa.com*); en el conjunto de la Unión, la proporción es del 71 %, según la Comisión. El mismo informe reconoce «cierto progreso» en las causas de alto nivel, pero señala que la instrucción sigue sufriendo retrasos: lo mismo que miden, caso a caso, las 51 causas de esta base.

Lo que no se sabe

La base no es exhaustiva: son las causas con altos cargos que se han podido documentar con sentencias y notas oficiales, y algunas cifras, sobre todo las de dinero recuperado, dependen de una sola fuente o de datos que las administraciones no publican. Buena parte de las sentencias no se ha podido leer íntegra en el buscador del Poder Judicial, que exige resolver un captcha; las fechas, números y cifras se han comprobado en su índice, en las notas oficiales del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional y en el BOE. La tabla completa, con las fuentes de cada causa, está disponible para descargar.

Cuando lleguen las sentencias pendientes, cada una sumará su cifra a la mediana de los catorce años. Ninguna dirá, por sí sola, cuánto dinero se ha recuperado.

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