De Miguel, exnúmero dos del PNV alavés, obtuvo el tercer grado antes de cumplir tres años en prisión

El 2 de diciembre de 2009, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi presentó una denuncia ante la Fiscalía de Álava. Después de que su empresa obtuviera un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, le habían exigido una comisión de 100.000 euros. No la pagó. Ocho años después lo contó ante el tribunal que juzgaba a quienes se la habían pedido.

El 6 de julio de 2023, a las 9:15, Alfredo de Miguel, que había sido número dos del PNV en Álava y diputado foral, ingresó en la prisión de Zaballa para cumplir una condena de 12 años y 4 meses. Habían pasado trece años y siete meses desde aquella denuncia. En febrero de 2026, una jueza de vigilancia penitenciaria le concedió el tercer grado.

La sentencia, firme desde que el Tribunal Supremo la confirmó en enero de 2023, da por probado que entre 2005 y 2009 tres miembros de la ejecutiva del PNV alavés montaron un sistema de cobro de comisiones a empresas que obtenían contratos de organismos públicos gestionados por su partido. El caso permite medir con documentos las tres distancias que separan un delito de su castigo: la que va de la denuncia a la condena firme, la que va de la pena impuesta al tiempo de prisión ordinaria y la que va de lo que el condenado debía pagar a lo que consta que ha pagado.

Tres sociedades y una ejecutiva

Los hechos probados parten de la posición que los tres ocupaban en el partido. De Miguel, Koldo Otxandiano y Aitor Tellería formaban parte del Araba Buru Batzar, la dirección territorial del partido, y desde ella se concertaron para que organismos públicos alaveses en manos del PNV adjudicaran obras y servicios a empresarios dispuestos a pagarles. Entre esos organismos estaban el Parque Tecnológico de Álava, la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, ayuntamientos y cuadrillas, las comarcas en que se divide el territorio.

El dinero necesitaba una forma legal, y la encontró en tres sociedades que facturaban servicios inexistentes: Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Kataia se constituyó a nombre de las esposas de los tres dirigentes. La Audiencia de Álava explicó la cohesión del grupo con una frase que recogió eldiario.es: «una confianza que venía de la misma militancia política».

El episodio del Parque Tecnológico es el que dio origen a la causa, pero no el único. En la Dirección de Juventud, cuyo responsable, Xabier Sánchez Robles, fue condenado a siete años y un mes, los contratos se adjudicaban «a dedo». En Zambrana, un intermediario condenado situó en al menos 161.000 euros las «mordidas» de una operación urbanística de 65 millones, según recogió el mismo diario.

El destino del dinero marca la diferencia con otros casos de la serie. En el del Palau de la Música, la sentencia da por probado que las comisiones llegaron a Convergència. Aquí la Audiencia condenó a De Miguel, según tituló Deia, «por enriquecimiento personal». Los tres dirigentes entregaron el carné del PNV en enero de 2011. Cuando el Supremo confirmó las condenas, el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, declaró: «Ratifico el más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos».

Trece años de la denuncia a la firmeza

La primera distancia empieza en la denuncia de Alberdi. En marzo de 2010, la Ertzaintza detuvo a ocho personas, entre ellas De Miguel, Tellería y Otxandiano, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, y De Miguel dimitió como diputado foral. La instrucción se cerró cinco años después, en marzo de 2015, con 26 investigados. El juicio empezó el 8 de enero de 2018 en Vitoria y ocupó casi todo el año; durante las sesiones, varios acusados reconocieron la trama a cambio de rebajas de pena.

La Audiencia Provincial de Álava dictó sentencia el 17 de diciembre de 2019, diez años después de la denuncia. Condenó a 15 de los 26 acusados y absolvió a 11, y aplicó a todos la atenuante de dilaciones indebidas, la que reduce la pena cuando el proceso se alarga más de lo razonable por causas ajenas al acusado. La atenuante supone que el propio tribunal apreció un retraso indebido en el proceso.

El recurso tardó tres años más. El Supremo resolvió el 9 de enero de 2023, en una sentencia de la que fue ponente Pablo Llarena, y confirmó las principales penas. Absolvió a De Miguel del delito de tráfico de influencias, lo que dejó su condena en 12 años y 4 meses por cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, asociación ilícita y blanqueo, y absolvió por falta de pruebas al presidente de los Parques Tecnológicos. El Independiente cifra en 14 los condenados tras el fallo.

Otxandiano mantuvo siete años y seis meses; Sánchez Robles, siete años y un mes. La pena de Tellería no coincide en todas las fuentes: la nota oficial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la sitúa en seis años, un mes y quince días, y medios como El Debate publicaron cinco años y un mes. Entre la denuncia y la sentencia firme transcurrieron trece años y un mes; entre los primeros hechos y la firmeza, unos dieciocho.

La comparación con lo que se pidió completa el cuadro. La Fiscalía llegó a reclamar 54 años para De Miguel en su escrito inicial; al dictarse la primera sentencia, su petición era de 29 años y 9 meses. La pena firme quedó en 12 años y 4 meses.

Una condena de doce años con un techo de nueve

La segunda distancia la fija primero el Código Penal. Cuando a una persona se le imponen varias penas, la ley limita el tiempo que puede cumplir en total, y en el caso de De Miguel ese límite quedó en nueve años. La Audiencia de Álava calculó que su condena se extinguirá el 2 de julio de 2032.

Los ingresos se escalonaron a lo largo de 2023. Sánchez Robles entró en Zaballa el 17 de mayo; Otxandiano, el 5 de julio, y De Miguel, al día siguiente. Cinco condenados a menos de dos años, entre ellos la esposa de De Miguel, quedaron fuera de prisión porque la Audiencia suspendió sus penas a condición de no volver a delinquir.

Tellería fue el último. Pidió que se suspendiera su ingreso por motivos de salud, y en septiembre de 2023 la Audiencia lo rechazó: sus dolencias, dijo, «pueden ser tratadas dentro del centro penitenciario», y el caso había causado «gran alarma social». Consideró además «difícil» que «prospere» el indulto que había solicitado. Ingresó a mediados de noviembre de 2023. De Miguel, Otxandiano y Tellería habían pedido el indulto al Gobierno; cómo se resolvieron esas peticiones no se ha hecho público.

De Miguel fue trasladado de Zaballa a la prisión de Basauri (Bizkaia), donde salía a trabajar y volvía a dormir al centro. A principios de 2026, la jueza de vigilancia penitenciaria estimó su queja contra la Junta de Tratamiento de Basauri y le concedió el tercer grado, el régimen de semilibertad que permite pasar fuera de prisión la mayor parte del día. Lo hizo contra el criterio de la Junta y del Centro Directivo y con la oposición del Gobierno vasco; la Fiscalía no recurrió. Había pasado unos dos años y siete meses en régimen ordinario, poco más de una cuarta parte del máximo de nueve años que debía cumplir. Según El Independiente, Otxandiano, Tellería y Sánchez Robles también están en tercer grado; las fechas en que lo obtuvieron no se han publicado.

Había pasado unos dos años y siete meses en régimen ordinario, poco más de una cuarta parte del máximo de nueve años que debía cumplir.

Lo que debía pagar y lo que consta pagado

La tercera distancia es la del dinero, y es la peor documentada. Las notas oficiales y las informaciones publicadas no recogen cuánto cobró en total la red en comisiones, ni a cuánto ascienden el decomiso y el perjuicio para las administraciones, ni cuánto se ha recuperado entre todos los condenados.

La cuenta individual que se conoce es la de De Miguel. Según eldiario.es, que cita fuentes judiciales, sus responsabilidades económicas —responsabilidad civil, multas y otros conceptos, sin contar las costas— sumaban 686.215,22 euros, y al ingresar en prisión había devuelto al juzgado 186.488,89, de los que unos 145.000 se consignaron en enero de 2023 de forma solidaria con otros cinco condenados. Es algo más de una cuarta parte. El Independiente presenta esos 186.000 euros, en cambio, como «la condena de carácter económica» que recibió, sin mencionar un importe mayor. La Audiencia de Álava no ha publicado la cifra que permitiría resolver la discrepancia.

De los demás solo hay fragmentos. Tellería alegó en 2023 que había pagado sus multas, sin que conste el importe, y la esposa de De Miguel había abonado «otra parte» de las responsabilidades económicas.

Lo que queda abierto

La sentencia es firme y se ejecuta en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava. Siguen sin respuesta pública cuánto dinero movió la red según los hechos probados, cuánto han devuelto en conjunto los condenados, cómo se resolvieron las peticiones de indulto y en qué fechas obtuvieron el tercer grado Otxandiano, Tellería y Sánchez Robles.

La comisión de 100.000 euros que se pidió a Alberdi nunca se pagó. La condena de De Miguel se extinguirá, según la Audiencia, el 2 de julio de 2032. Desde febrero de 2026, la cumple en tercer grado.