La reforma de Génova se pagó en B, pero la condena alcanza un solo ejercicio

Un millón setenta y dos mil euros en efectivo, sin factura y sin declarar a Hacienda. Es lo que, según la Audiencia Nacional, cobró el estudio de arquitectura Unifica por una parte de la reforma de la sede nacional del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid, una obra que se prolongó de 2005 a 2010 y que gestionó Luis Bárcenas, entonces gerente del partido. El pago en negro se pactó con un descuento del 7 % al 8 % para la empresa, y el partido y Unifica cubrieron la operación con certificaciones, facturas y recibís con datos falsos, según la sentencia del 28 de octubre de 2021 que recogieron eldiario.es y *El Independiente*.

El Tribunal Supremo confirmó el delito el 14 de noviembre de 2024, en la sentencia 1033/2024. La pena que quedó para Bárcenas fue de ocho meses de prisión y 180.000 euros de multa.

Las dos sentencias dan por acreditado que el dinero de una contabilidad ajena a la oficial pagó la casa del partido. Lo que la justicia ha podido castigar es mucho más estrecho. De la caja que Bárcenas gestionó durante dieciocho años, solo un ejercicio fiscal de una empresa llegó a condena; los sobresueldos prescribieron y el origen de las donaciones se investigó por separado; la pena se redujo porque el juicio tardó cinco años en celebrarse; y el partido responde solo como responsable civil subsidiario, con un tope de 123.669 euros cuyo pago no consta.

Una caja fuerte en el despacho del gerente

El dinero salía de donaciones. La Audiencia dio por probado que Bárcenas gestionó como gerente, desde 1990 hasta junio de 2008, aportaciones en metálico que no figuraban en la contabilidad oficial ni pasaron por la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Se guardaban en una caja fuerte de su despacho, fuera del alcance del departamento de contabilidad y del cajero, según eldiario.es. La sentencia la define como una «contabilidad B para el control interno de las donaciones recibidas por la formación política», según *El Independiente*.

El registro de esa caja se conoció el 31 de enero de 2013, cuando El País publicó los papeles de Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias una semana antes, según la cronología de *Público*, y el 7 de marzo el juez Pablo Ruz, que instruía la Gürtel, asumió la investigación en una pieza separada (eldiario.es; Reuters). Ocho años después, la Audiencia describió esas anotaciones con cautela: no son un registro sistemático y contienen errores de saldo, pero recogen hechos que el tribunal consideró acreditados, entre ellos traspasos a donaciones oficiales, entregas de dinero a personas vinculadas al partido y los pagos de la obra de Génova.

No era la primera vez que un tribunal describía esa contabilidad. La sentencia de la primera época de la Gürtel, en 2018, ya había hablado de una estructura «financiera y contable paralela a la oficial» que existía al menos desde 1989, y el Supremo dio por probada en 2020 la existencia de una «Caja B» del PP, de la que Bárcenas se apropió de 149.600 euros para comprar acciones de Libertad Digital, según la nota oficial del CGPJ. Esa sentencia, y lo que costó la red de Francisco Correa, se cuentan en el reportaje sobre la Gürtel. Lo que la causa de Génova tenía que resolver era otra cosa: qué delito, si alguno, había en pagar una obra con ese dinero.

Por qué solo 2007

Tener una contabilidad paralela no era, por sí mismo, delito, y tampoco lo era la financiación irregular de un partido en las fechas de los hechos; los aspectos electorales, además, quedaron fuera del juicio. Lo que sobrevivió fue un delito contra la Hacienda Pública. Unifica no declaró los cobros en negro en su Impuesto de Sociedades de 2007, y Bárcenas cooperó al pagarle en efectivo una parte de lo que se le debía, según la nota del Supremo. Los ejercicios anteriores habían prescrito o no alcanzaban la cuantía mínima que convierte un fraude fiscal en delito, según *El Independiente*.

Incluso dentro de ese único año, la cifra se fue estrechando. El auto con el que Ruz cerró la instrucción en 2015 situaba los pagos en negro en 1.552.000 euros, según *Menorca.info*; la sentencia los dejó en 1.072.000. La Audiencia fijó la cuota defraudada en 870.521 euros, y el Supremo la rebajó a unos 374.000.

El resto de las acusaciones cayó. La Audiencia absolvió de asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo y otros delitos fiscales, y rechazó que en lo juzgado hubiera una trama organizada de financiación irregular del PP. El exgerente Cristóbal Páez y una empleada de Unifica fueron absueltos. El Supremo avaló esas absoluciones y añadió dos más. Absolvió de falsedad documental, porque las falsedades ideológicas —faltar a la verdad en el contenido de un documento— cometidas por particulares son, en general, atípicas. Y absolvió a Bárcenas de apropiación indebida por cosa juzgada: ya había sido condenado en la Gürtel por hechos inseparables, los de Libertad Digital, y la responsabilidad civil se extinguió porque el PP, la víctima, renunció a reclamarle.

Lo que quedó fuera: los donantes y los sobresueldos

Quién entregaba el dinero B y a cambio de qué no se juzgó en Génova. La Audiencia remitió esa «supuesta trama de donaciones finalistas por empresarios» a la investigación que seguía abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5, «sin que quepa la mención genérica de "dirigentes del PP"», según *El Independiente*. Ruz ya había archivado en 2015 la causa para 22 empresarios, según *Menorca.info*, y la pieza de las donaciones a cambio de obra pública terminó archivada, según *Público*. No se ha localizado la resolución ni su fecha.

Los sobresueldos corrieron la misma suerte por otra vía: la sentencia los excluyó por prescripción. En el juicio declararon como testigos seis exdirigentes —José María Aznar, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos—, y los seis negaron conocer la contabilidad paralela. Otros seis testigos, distintos de ellos, reconocieron haber recibido dinero que figura en los papeles, según eldiario.es. Nadie fue juzgado por cobrar sobresueldos.

De la caja que Bárcenas gestionó durante dieciocho años, solo un ejercicio fiscal de una empresa llegó a condena.

Cinco años de espera, una pena reducida

El 28 de mayo de 2015, el juez José de la Mata abrió juicio oral contra Bárcenas y otras cinco personas, con Unifica y el PP como responsables civiles, y fijó fianzas de hasta casi nueve millones, según la nota del CGPJ. El juicio no empezó hasta el 8 de febrero de 2021, según Europa Press: cinco años y ocho meses después.

Ese intervalo pesó en la pena. La Audiencia había condenado a Bárcenas a dos años de prisión y 1,2 millones de multa, con la atenuante de confesión por una «colaboración real, activa y eficaz», aunque los datos decisivos procedían de los registros en Génova y en Unifica; a los dos administradores del estudio les impuso dos años y nueve meses y 2,6 millones a cada uno. Rechazó, en cambio, la atenuante de dilaciones indebidas, la que reduce la pena cuando el proceso sufre un retraso extraordinario que no es imputable al acusado (eldiario.es).

El Supremo sí la apreció, por «el largo tiempo transcurrido (cinco años) entre la conclusión de la investigación y el juicio oral», que atribuyó a problemas estructurales y no al tribunal. Con esa atenuante, Bárcenas quedó en ocho meses y 180.000 euros, y los dos administradores, en nueve meses y 200.000 euros cada uno, según la nota del CGPJ. Las multas pasaron de 6,4 millones en total a 580.000 euros.

Los ocho meses se suman a los 29 años y 1 mes de la Gürtel: 29 años y 9 meses nominales, según *Público*. Un mes después de la sentencia del Supremo, el 17 de diciembre de 2024, Bárcenas obtuvo la libertad condicional; la nota de la Audiencia Nacional no precisa si la condena de Génova entró en esa liquidación. Si los administradores de Unifica llegaron a ingresar en prisión, no consta.

El partido, responsable subsidiario

El PP no fue condenado penalmente en esta causa. Es responsable civil subsidiario: responde si los condenados no pagan, y «solo hasta el importe defraudado achacable a los pagos en B». «Esta declaración se mantiene. No fue objeto de impugnación», escribió el Supremo, según la nota del CGPJ. Las dos sentencias fijan ese tope en 123.669 euros. Es un límite, no un pago.

La misma resolución recoge las dos caras de la relación del partido con su caja. Como víctima de la apropiación de Bárcenas, el PP renunció a reclamarle y la responsabilidad civil se extinguió. Como beneficiario de la obra pagada en negro, responde de lo que Hacienda dejó de cobrar. Las acusaciones populares, entre ellas la asociación ADADE y el Observatori DESC, fueron condenadas en costas, incluidas las del PP, por pretensiones para las que el Supremo consideró que no estaban legitimadas.

El juicio por la obra empezó el 8 de febrero de 2021. Ocho días después, el entonces presidente del partido, Pablo Casado, anunció que el PP dejaría Génova, según *Moncloa.com* y *Qué!*. En julio, el partido aplazó la mudanza sine die, según *El Independiente*. En agosto de 2026 seguía en el edificio, según *El Plural*.

La sentencia es firme y está en ejecución. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Audiencia Nacional han hecho público si se han cobrado la cuota defraudada y los 580.000 euros de multas, ni si el partido ha tenido que abonar algo de los 123.669 euros.