La historia de la Gürtel, de proveedor del PP a la caída de un Gobierno

El 6 de noviembre de 2007, un concejal del Partido Popular en Majadahonda entró en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional con una bolsa de grabaciones. José Luis Peñas llevaba más de un año registrando a escondidas sus conversaciones con un empresario al que conocía bien, con un aparato que guardaba en el bolsillo de la americana y que rozaba con la tela cada vez que se movía. Calculó unas 80 horas. Lo que se oía en ellas, contó después en el juicio, era cómo se repartían los contratos de los ayuntamientos gobernados por su partido (página 710 de la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018, de la que salen todas las páginas citadas en este reportaje).

Un mes después, la Policía entregó a la Fiscalía Anticorrupción su primer informe y le puso nombre a la investigación: «Operación Gürtel» (página 410). Gürtel significa «correa» en alemán. El empresario de las grabaciones se llamaba Francisco Correa.

Lo que siguió fueron dieciocho años de investigación y doce juicios, la condena de decenas de cargos públicos, un partido obligado a devolver dinero, un juez expulsado de la carrera y un Gobierno caído. Todavía falta una sentencia. Para entender lo que había en aquellas grabaciones hay que volver a los años noventa.

El proveedor del partido

A principios de los noventa, Francisco Correa era un empresario de viajes, comunicación y organización de eventos. Según los hechos probados de la sentencia, entró en contacto con el Partido Popular a través de Luis Bárcenas, entonces gerente del partido, y de Jesús Sepúlveda, miembro de su Comité Ejecutivo Nacional y responsable del área electoral. «Al menos desde el año 1996», esos contactos se fueron intensificando hasta convertirse en «la actividad negocial prácticamente principal y única» de sus empresas: viajes, congresos, mítines y actos electorales del partido (páginas 154 y 155).

La relación no era solo comercial. El tribunal describe una amistad con altos dirigentes «hasta el punto de dispensársele un trato de preferencia en su sede central de la calle Génova, entrando y saliendo del edificio a discreción sin pasar por ninguna clase de control ni escáner, incluso accediendo libremente al parking reservado». En septiembre de 2002, Correa fue uno de los invitados a la boda de Ana Aznar, hija del entonces presidente del Gobierno, con Alejandro Agag en El Escorial, según *Público*. Asistir a una boda no es delito, y nadie ha sostenido lo contrario; las imágenes de aquel día acabaron siendo de las más repetidas del caso.

Junto al negocio legal, dice la sentencia, se creó «en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional»: las empresas de Correa, o las que él elegía, conseguían los contratos de ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP gracias a «influyentes militantes» que podían decidir las adjudicaciones, y el sobreprecio se repartía entre la red y los cargos públicos (páginas 155 y 156).

Un Jaguar, una cuenta llamada «Willy» y cuatro facturas

La red funcionó primero en los ayuntamientos del noroeste de Madrid. El 22 de diciembre de 1999 se compró un Jaguar S-Type 4.0 V8 a nombre de Jesús Sepúlveda, que en 2003 sería alcalde de Pozuelo de Alarcón. Él pagó 250.000 pesetas; los 8.663.700 restantes, 52.069,89 euros, los abonó la agencia de viajes de Correa, que además le gestionó el renting de un Range Rover (página 260). En total, Sepúlveda recibió 668.391,79 euros en dinero, viajes y regalos, «en contraprestación por su intervención en las adjudicaciones públicas». Su entonces esposa, Ana Mato, que años después sería ministra de Sanidad, no fue acusada de ningún delito, pero la Audiencia la declaró partícipe a título lucrativo —quien se beneficia de un delito ajeno sin participar en él y debe devolver lo que obtuvo— por 28.467,53 euros en regalos y viajes (página 122).

En el municipio vecino, Majadahonda, el alcalde Guillermo Ortega tenía su propia cuenta en los archivos de la organización, rotulada «Willy», con apuntes entre abril de 2001 y enero de 2005 (página 207). Las dádivas que recibió sumaron 402.529,47 euros. En aquel ayuntamiento era concejal Peñas, al que Correa y su entonces mujer regalaron en 2001 el viaje de novios a Isla Mauricio, un regalo que el tribunal consideró «dentro de lo socialmente tolerable» por tratarse de una boda (páginas 210 y 710).

De dónde salía el dinero lo explica un expediente menor de Pozuelo. La sede de la Oficina de Atención al Ciudadano en la Plaza Mayor costó 92.098,10 euros, un importe que por ley obligaba a sacar el contrato a concurso. No salió: se partió en cuatro facturas de 9.324,84, 28.996,59, 29.847,32 y 23.929,35 euros, todas por debajo de 30.050,61, los antiguos cinco millones de pesetas a partir de los cuales había que abrir la puja. Dos las firmaron empresas de Correa; las otras dos, sociedades ajenas utilizadas «como pantalla», que después pagaron tres facturas «por servicios que nunca se prestaron» para devolverle el dinero (página 265). Con otras cifras, ese es el método de toda la causa: trocear para esquivar el concurso, inflar el precio y esconder la comisión dentro de lo que la administración creía que costaba un acto o un escenario. La diferencia acababa en una contabilidad paralela, la «Caja X PC», que llevaba el contable de la red, José Luis Izquierdo (página 165).

El mismo patrón llegó al Estado. En AENA, el gestor de los aeropuertos, dos responsables de comunicación a los que Correa había conocido en la Oficina de Prensa del PP amañaron 22 contratos en 2001 y 2002 a cambio de efectivo, viajes a Eurodisney, Menorca y Tenerife y la reforma de la casa de uno de ellos (nota de la Audiencia Nacional, 27-5-2019). Y en 2004, en Arganda del Rey, Correa medió para que el Ayuntamiento adjudicara a la inmobiliaria Martinsa unas parcelas para construir viviendas. Veinte años después, en 2025, la Audiencia Nacional daría por probado que cobró por ello 25 millones de euros de Fernando Martín, expresidente del Real Madrid y de Martinsa, y de otros dos empresarios (*El Debate*/EFE, *Público*/Europa Press). Es la mayor cifra de toda la causa.

La agenda de la presidenta

Desde 2004, el negocio más rentable estuvo en la Comunidad de Madrid, y tenía forma de calendario. Alberto López Viejo, viceconsejero de Presidencia y después consejero, era quien, según la sentencia, decidía a qué actos acudía la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que no fue acusada en la causa. Los preparaba en reuniones semanales que su equipo llamaba «los maitines» (páginas 1373 y 1412). Una funcionaria explicó en el juicio la diferencia con la etapa anterior: con Alberto Ruiz-Gallardón «podían ser dos al mes», y «pasaron a ser actos todos los días» (página 1375). La sentencia no entra en esa decisión política —«ni entramos ni salimos», escribe el tribunal—, pero sí en lo que significaba: «a más cantidad de actos, mayor contratación y más beneficios» para quien elegía a las empresas (página 1412).

Las empresas eran las de Correa. En sus archivos, las comisiones de López Viejo figuraban bajo el epígrafe «VARIOS CAM», con una marca del 10 % por acto (página 1410). Entre 2004 y 2008 devengó 448.870,28 euros (página 281), y las empresas de la red ganaron 2.259.149,21 euros con los 348 actos en los que hubo comisión (página 1411).

El salto a Valencia

En 2004, el mismo año en que Mariano Rajoy sucedió a José María Aznar al frente del PP, la relación de Correa con la dirección nacional del partido terminó. La sentencia no explica por qué; solo dice que «cesó respecto de la organización central o estatal del partido en el año 2004» y que Correa «trasladó su actividad» a comunidades gobernadas por el PP, «singularmente» la valenciana, hasta 2009 (página 156).

En Valencia, la red se llamó Orange Market y tuvo otra cara: Álvaro Pérez, El Bigotes. Allí el método se perfeccionó hasta el punto de que las empresas dejaron de influir en la administración para ocupar su lugar. En el expositor de la Generalitat en la feria de turismo Fitur, entre 2005 y 2009, las empresas de Correa «confeccionaban y redactaban los contratos, […] realizaban los planos, e incluso diseñaban los criterios de valoración de las propuestas» con las que luego se las elegía a ellas, según el Supremo; la relación con la consellera de Turismo se sostenía «con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad» (nota del Tribunal Supremo, 8-5-2018). Entre lo que se le decomisó a aquella consellera, Milagrosa Martínez, condenada después a nueve años, había un reloj de 2.400 euros.

Para la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006, la red negoció con un conseller las pantallas, el sonido y la megafonía del Encuentro Mundial de las Familias. Pagó la televisión pública valenciana, RTVV, que adjudicó a dedo el trabajo a una constructora sin capacidad técnica para hacerlo, Teconsa, que lo subcontrató todo. RTVV pagó 6.460.000 euros por unos trabajos que costaron 3.254.624; la diferencia, 3.205.375,11 euros, se repartió entre los acusados, y el expediente se antedató. Las pantallas, además, no hacían falta para la retransmisión: servían para que los peregrinos vieran al Papa (nota de la Audiencia Nacional, 25-11-2020). Al año siguiente, el PP valenciano contrató a Orange Market para las elecciones de 2007 y 2008, rebasó el límite legal de gasto e ideó un sistema para que pagaran la diferencia empresarios beneficiarios de obra pública, que aceptaron «con la esperanza de obtener una posición ventajosa en futuras adjudicaciones» (nota de la Audiencia Nacional, 18-6-2019).

La noche del 24 de diciembre de 2008, la Policía, que ya escuchaba los teléfonos de la red, grabó la felicitación de Navidad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a Álvaro Pérez: «Feliz Navidad, amiguito del alma». La frase se hizo pública en 2009 y pasó a la conversación de todo el país (*Público*, *eldiario.es*). Camps no tiene ninguna condena en la Gürtel: en 2012, un jurado lo declaró no culpable, por cinco votos a cuatro, de haber aceptado trajes de la red, y en 2024 la Audiencia Nacional lo absolvió en el juicio por los contratos de la Generalitat con Orange Market, porque «no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps en dicha contratación» (nota de la Audiencia Nacional). Esa última absolución estaba recurrida por los socialistas valencianos y pendiente en el Supremo en septiembre de 2026.

La caída de la red

Para entonces, la investigación llevaba meses en marcha. Tras la denuncia de Peñas, el juez Baltasar Garzón abrió diligencias el 6 de agosto de 2008, y en febrero de 2009 la Policía detuvo a Correa y a sus colaboradores; Correa ingresó en prisión provisional. El 11 de febrero de 2009, Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, compareció sin preguntas en Génova: «Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta», según recogieron *Público* y *eldiario.es*.

La primera condena relacionada con la Gürtel no recayó en la red, sino en el juez que la abrió. Garzón había ordenado intervenir en prisión las conversaciones de Correa y de otros cabecillas con sus abogados. Ellos se querellaron y el 9 de febrero de 2012 el Tribunal Supremo lo condenó por prevaricación a 11 años de inhabilitación, lo que supuso su expulsión de la carrera judicial (*Público*, CNN). Nueve años más tarde, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que aquel proceso había sido «arbitrario» (*Ara*); sus dictámenes no obligan a España (*Vozpópuli*). Las grabaciones de Peñas, en cambio, resistieron todos los recursos: «ninguna lesión se produce cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación», resolvió el Supremo.

Los papeles de Bárcenas

La investigación tiró del hilo hasta el hombre que había presentado a Correa en el partido. Luis Bárcenas, gerente y después tesorero del PP, aparecía según la Audiencia en el centro del circuito: Correa buscaba al empresario, Bárcenas gestionaba que el contrato recayera en él y los sobrecostes se repartían, tal como resumieron *Ara* y *Vozpópuli*. Parte del dinero acabó en cinco bancos suizos.

El 31 de enero de 2013, El País publicó los apuntes manuscritos de Bárcenas: una contabilidad de entregas de dinero a dirigentes del partido, entre ellas varias anotadas a «M. Rajoy» (Al Jazeera). Rajoy, que ya presidía el Gobierno, lo negó; nunca fue investigado ni acusado por ello, y ningún tribunal ha declarado probado que recibiera esos pagos. Las semanas siguientes dejaron dos frases en la memoria colectiva. En febrero, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó que lo que Bárcenas había seguido cobrando tras su salida era «una indemnización en diferido» (*Vozpópuli*, *Público*). En julio, El Mundo publicó un SMS de enero de ese año del presidente al extesorero: «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo» (Página/12). Bárcenas había entrado en prisión provisional en junio.

Con los años, los papeles tuvieron su propio juicio. En 2021, la Audiencia Nacional dio por probado que Bárcenas pagó 1.072.000 euros en efectivo, fuera de factura, por la reforma de la sede de Génova, con un descuento del 7 % al 8 % por pagar en negro y con dinero guardado en una caja fuerte de su despacho. De los apuntes concluyó que, aunque como documento contable «carece de valor en su integridad», recogen «acontecimientos que en una parte sí son reales»; los sobresueldos quedaron fuera del juicio (nota de la Audiencia Nacional, 28-10-2021). La sospecha de que las donaciones se pagaban con obra pública se archivó en 2022 por falta de indicios. Y el PP, juzgado por borrar los ordenadores de Bárcenas, fue absuelto en firme en 2020 por falta de pruebas (nota de la Audiencia Provincial de Madrid). La imagen que quedó, la de los discos duros destruidos «a martillazos», no consta en ninguna resolución: según Maldita.es, se formatearon y se rayaron.

El juicio y ocho días de mayo

El juicio de la primera época empezó en octubre de 2016 en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El 26 de julio de 2017 se sentó como testigo el presidente del Gobierno, en persona, después de que el tribunal rechazara por dos votos a uno que declarara por videoconferencia. «Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad», dijo, y negó conocer la caja B o los sobresueldos (*Periódico de Ibiza*/Europa Press).

La sentencia, firmada el 17 de mayo de 2018 y hecha pública el 24, condenó a 29 de los 37 acusados, con 51 años de prisión para Correa. Describió en el PP una «Caja B», «una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989» (página 156), y le dedicó un párrafo a los dirigentes que la habían negado como testigos —«Srs. Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc.»—: «se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido» (página 1078). No era una acusación contra ninguno de ellos, sino una valoración de su testimonio. Otros tres dirigentes que aparecían en los papeles, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga, habían reconocido cobrar las cantidades anotadas, según la misma página. Y el PP fue declarado partícipe a título lucrativo: no había cometido ningún delito, pero debía devolver los 245.492,80 euros de actos electorales que la red le había pagado en Majadahonda y Pozuelo en 2003.

Ocho días después, el 1 de junio de 2018, el Congreso aprobó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención (Diario de Sesiones). Las tres anteriores de la democracia, en 1980, 1987 y 2017, habían fracasado. Aquel septiembre, en la comisión del Congreso que investigaba la financiación del PP, José María Aznar declaró: «Ni conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa» (*Periódico de Ibiza*/Europa Press).

El PP recurrió las menciones a la caja B. En octubre de 2020, el Supremo le dio parcialmente la razón, porque no cabía afirmar la responsabilidad de quien no había sido acusado, pero añadió que contextualizar los hechos con pruebas sobre el partido «en modo alguno resulta reprochable» y que la estimación de ese motivo «carece de efectos prácticos» (nota del Supremo). Con esa sentencia, la primera época quedó firme: 21 años después de los primeros hechos.

«Se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido». Sentencia de la Audiencia Nacional, 2018.

Doce juicios

La causa se había dividido en piezas que fueron llegando a juicio una tras otra. La de Fitur fue la primera sentencia firme de toda la Gürtel, en mayo de 2018. Le siguieron la financiación del PP valenciano, firme en 2019; la de AENA, en 2021; la de Jerez de la Frontera, donde los expedientes de Fitur 2004 se fabricaron después de la feria «antedatando las actuaciones», en 2022; la de la visita del Papa, en 2023, y la de Boadilla del Monte, cuyo exalcalde Arturo González Panero fue condenado a 36 años y 11 meses y en la que el PP volvió a ser declarado partícipe a título lucrativo, esta vez por 204.198,64 euros (nota de la Audiencia Nacional, 8-4-2022). En la causa de la reforma de Génova, el partido respondió además como responsable civil subsidiario de 123.669 euros. En total, 573.360,44 euros en tres resoluciones, según el cálculo de Crónica 33; ninguna es una condena penal.

El recuento de *Público* habla de doce juicios y 94 condenados a prisión. No hay una fuente oficial que lo desglose; contando cada juicio por separado, las notas oficiales y las crónicas de agencia arrojan unas 141 condenas en primera instancia, porque las mismas personas se repiten de una pieza a otra. Correa acumula nueve.

El paso del tiempo tuvo un efecto que se puede medir en las propias sentencias: rebajó las penas. En la pieza de la visita del Papa, la Audiencia aplicó la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada porque habían pasado 14 años desde los hechos. En la de Génova, el Supremo redujo en 2024 la condena de Bárcenas de dos años a ocho meses porque la causa había esperado cinco años entre el fin de la instrucción y el juicio (nota del Supremo, 15-11-2024).

Cincuenta millones en Suiza

El 12 de febrero de 2021, en ejecución de la sentencia de la primera época, la Audiencia Nacional ordenó repatriar 50.342.107,52 euros bloqueados en cinco bancos suizos —Crédit Suisse, Lombard Odier, LGT Bank, Banque SYZ y Mirabaud— a nombre de Correa, Bárcenas, Pablo Crespo y el testaferro Iván Yáñez, entre otros, según EFE. La cifra es un saldo, no una deuda: las responsabilidades económicas de los condenados superaban entonces los 58 millones, según *Deia*.

Una nota oficial acredita un único pago completo: Bárcenas abonó «la totalidad» de su responsabilidad civil, 4.535.254,92 euros más intereses (Audiencia Nacional). Correa permitió en 2018 repatriar más de dos millones de una cuenta suiza, lo que le valió una atenuante en la pieza valenciana, y en 2023 aceptó desbloquear 20,7 millones, según EFE. Cuánto de ese dinero ha llegado a la cuenta del juzgado no figura en ninguna nota del Poder Judicial. La Audiencia mantiene embargados 46 inmuebles de Correa, y en junio de 2026 dejó que su defensa negociara la venta de 44, por los que había una oferta de 6,1 millones, según *Infobae*. No consta que la operación se haya cerrado. La ausencia de cifra no prueba que no se haya cobrado; prueba que no se ha hecho público.

Dónde están hoy

Correa acumula unos 115 años de condena, según el recuento de Público, y la suma que Crónica 33 ha hecho con las penas de cada nota oficial da una cifra coherente. Pero el artículo 76 del Código Penal fija un máximo de cumplimiento cuando se acumulan penas, que en su caso es de 18 años. Tras su detención en 2009 y su vuelta a la cárcel en febrero de 2017, obtuvo el tercer grado, la semilibertad, en junio de 2023, tras unos diez años de encierro, según EFE.

Bárcenas reingresó en Soto del Real en mayo de 2018, pasó a tercer grado en marzo de 2024 y obtuvo la libertad condicional el 17 de diciembre de ese año. La Audiencia Nacional prevé que su pena se extinga en septiembre de 2028: de casi treinta años nominales, unos doce efectivos. Peñas, el concejal de la grabadora, fue condenado a 4 años y 9 meses en la misma sentencia que impuso 51 a Correa. No llegó a ingresar en prisión, y en octubre de 2024 el Gobierno le concedió un indulto parcial que anuló su inhabilitación, según *El Español*; el real decreto no se ha localizado en el BOE.

La última sentencia

El 20 de octubre de 2025, Correa y Crespo volvieron a sentarse ante la Audiencia Nacional para el último juicio: el de la estructura de sociedades, facturas falsas y cuentas en el extranjero con la que, según el escrito de la Fiscalía recogido por EFE, la red ocultaba el origen del dinero desde finales de 1998. Veinte acusados se conformaron, la vía por la que se aceptan los hechos y una pena pactada con la acusación. Según *The Objective*, la Fiscalía llegó a pedir 77 años para Correa y al final del juicio rebajó la petición a 16 años y 9 meses. Todos siguen siendo acusados: una conformidad no es una condena hasta que el tribunal dicta sentencia. El juicio quedó visto para sentencia el 12 de noviembre de 2025.

La historia tiene además una derivada que no forma parte de la Gürtel, pero nace de ella: el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para arrebatar a Bárcenas los documentos que guardaba, por la que la Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Está visto para sentencia desde el 28 de julio de 2026 (*El Español*), y todos sus procesados son acusados.

A 24 de octubre de 2026, ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Audiencia Nacional han publicado la sentencia del último juicio de la Gürtel. Tampoco cuánto de los 50,3 millones bloqueados en Suiza ha llegado a España. Lo primero que montó la red, la maquinaria para esconder el dinero, es lo último que la justicia tiene pendiente de resolver.