El PDeCAT, extinguido, y Convergència, en concurso, siguen acusados en el caso del 3 %

El 28 de agosto de 2015, agentes de la Guardia Civil registraron la sede central de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en la calle Còrsega de Barcelona, la de su fundación, CatDem, el domicilio del extesorero Daniel Osàcar y cuatro ayuntamientos: Lloret de Mar, Figueres, Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès. Lo había ordenado el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que investigaba desde 2014 unas contrataciones del Ayuntamiento de Torredembarra.

Once años y dos meses después, ninguno de los acusados ha sido juzgado. Osàcar murió en marzo de 2024 sin llegar a sentarse en el banquillo. El partido cuya sede se registró está en concurso de acreedores desde 2020, y el que lo sucedió, el PDeCAT, se ha extinguido. Ambos siguen acusados como personas jurídicas.

La causa del 3 % plantea así una situación que los tribunales han tenido que resolver sobre la marcha: qué ocurre cuando un proceso sobre la financiación de un partido sobrevive al propio partido. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que CDC se financió entre 2008 y 2015 con dinero de empresas que obtenían contratos públicos; la Audiencia Nacional ha decidido que el PDeCAT, aunque disuelto, puede ser juzgado, y el juicio, que la propia Fiscalía esperaba celebrar en 2024, se ha señalado para febrero de 2027, según El Món. Es la tesis de la acusación; ningún tribunal la ha examinado todavía.

Lo que sostiene la Fiscalía

Según el escrito de acusación que presentó el fiscal José Grinda en noviembre de 2022, altos cargos de CDC, con la colaboración de cargos públicos, funcionarios y empresarios, montaron una estructura para financiar el partido de forma ilegal y encubierta. Las empresas que resultaban beneficiadas con adjudicaciones de la Generalitat y de otras administraciones catalanas entregaban dinero que acababa convertido en ingresos de Convergència, sobre todo en forma de donaciones a su fundación.

El escrito reparte los papeles. A Germà Gordó, exgerente del partido y exconseller de Justicia, le atribuye la tarea de poner en contacto a los empresarios con la organización; a Andreu Viloca, que fue tesorero de CDC, y a Osàcar, el control de las donaciones y de los pagos encubiertos. El juez que abrió juicio oral atribuyó a esa estructura, en una nota oficial, el propósito de «financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública». Los delitos que se imputan son organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Las peticiones de pena dan la medida de lo que está en juego. Para Viloca, la Fiscalía solicita 21 años y 4 meses de prisión; para Gordó, 18 años y 10 meses. A CDC o, «en su caso», al PDeCAT les reclama una multa de tres millones por blanqueo. Para Osàcar, que ya había sido condenado en firme por el caso Palau, pedía un año y seis meses, sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad.

La cuantía del dinero es el punto menos asentado de la causa. En 2018, el juez de El Vendrell cifró la obra pública investigada en 218,7 millones y las comisiones para el partido y sus fundaciones en «hasta 10,3 millones». El escrito de la Fiscalía, según El Món, sitúa en 1,8 millones lo que habría recibido CDC. Las dos cifras proceden de momentos distintos del proceso, la primera de un juez que aún investigaba y la segunda del texto con el que la acusación lleva el caso a juicio, y ninguna ha sido contrastada ante un tribunal.

De un contrato municipal a la Audiencia Nacional

La causa no empezó en Barcelona. En 2012, según el Diari de Tarragona, la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) denunció irregularidades en la contratación de una consultora municipal; otras fuentes sitúan la denuncia en 2013. El 26 de junio de 2014, la Guardia Civil registró el consistorio durante catorce horas y detuvo al alcalde, a seis concejales y a un empresario. Un año después, la investigación saltó a Convergència.

Los registros de agosto de 2015 fueron la primera fase visible de ese salto. El 21 de octubre, la Guardia Civil volvió a la sede del partido y detuvo a Viloca, al director general de la empresa pública Infraestructures.cat y a directivos de constructoras. Dos días después fue detenido Osàcar, que quedó en libertad tras pasar por el juzgado.

En febrero de 2018, el juez de El Vendrell, Josep Bosch, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por la «elevada complexitat» de la causa: decenas de investigados, hechos en tres provincias y posibles conexiones con paraísos fiscales. En julio de ese año, el juez José de la Mata atribuyó al PDeCAT la condición de investigado por considerarlo continuación de Convergència. En noviembre de 2022, el juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 5, abrió juicio oral contra 30 personas físicas y 16 jurídicas. Además de la Fiscalía, ejercen la acusación los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallès.

De las 30 personas, 13 están vinculadas a CDC y a sus fundaciones y 17 son empresarios, según El Món, que cita entre las empresas acusadas a Teyco, Urbaser, Copisa y ACS. Una denuncia sobre una consultora en un ayuntamiento de la costa de Tarragona terminó así en el banquillo de la Audiencia Nacional.

No todo lo investigado llegó a juicio. En junio de 2023, Pedraz archivó provisionalmente —un cierre que puede revertirse si aparecen nuevos indicios— una pieza separada sobre donaciones de cargos de CDC en 2009 y 2010, en la que figuraban tres exconsellers además de Gordó, Osàcar y Viloca. El juez no apreció «cap indici que acrediti un mecanisme d'aflorament de diner negre»: ningún indicio de que las donaciones sirvieran para aflorar dinero negro.

Un partido extinguido en el banquillo

Que un partido pueda sentarse en el banquillo es relativamente reciente. La reforma del Código Penal de 2012 incluyó a los partidos entre las personas jurídicas que pueden responder penalmente, y solo por hechos posteriores a su entrada en vigor. La Fiscalía sitúa los hechos del 3 % hasta 2015, lo que permite acusar a CDC como persona jurídica. En el caso Palau, con hechos que la Audiencia de Barcelona fechó entre 1999 y 2009, no fue posible: a Convergència solo se le pudo imponer un decomiso de las ganancias.

El problema es que el acusado se ha ido desvaneciendo. CDC presentó concurso de acreedores en 2020. El PDeCAT, al que la Audiencia Nacional acusa como su continuación, cerró el suyo en enero de 2024 ante el Juzgado Mercantil 8 de Barcelona con un pasivo de 6.455.803,32 euros, de los que unos 6,3 millones correspondían a la previsión por este juicio. Casi toda la deuda con la que se extinguió el partido era, por tanto, la factura estimada de una causa en la que ni siquiera había sido juzgado.

Casi toda la deuda con la que se extinguió el partido era la factura estimada de una causa en la que ni siquiera había sido juzgado.

El PDeCAT pidió entonces que se archivara la causa contra él. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo rechazó en marzo de 2024 con apoyo en una sentencia del Pleno del Supremo de 2017: una sociedad extinguida conserva su personalidad jurídica «respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos». Dicho de otro modo, la disolución no borra las cuentas pendientes. Quién pagaría una eventual multa a un partido sin patrimonio no consta en ninguna resolución publicada. Junts no figura entre los acusados.

Cuatro años desde la apertura del juicio oral

El tiempo de esta causa se ha ido acumulando en tramos. De los registros de 2015 a la apertura del juicio oral, en 2022, pasaron siete años, con un cambio de juzgado por el camino. El plazo para que las defensas presentaran sus escritos terminó el 27 de julio de 2023, y el 11 de septiembre Pedraz remitió la causa a la Sección Segunda «para que marque el día de juicio», según El Món. La Fiscalía calculaba entonces que el juicio se celebraría «a lo sumo» en 2024.

La fecha llegó dos años y cuatro meses después. El 16 de enero de 2026, El Món publicó que una diligencia de la Sección Segunda había comunicado a las partes que la vista oral se celebraría «entre el 8 de febrer i el 4 de març de 2027». No se ha encontrado una nota del Consejo General del Poder Judicial ni otro medio que lo confirme. Si se cumple, entre la apertura del juicio oral y la primera sesión habrán pasado cuatro años y tres meses.

La cifra tiene un precedente que la sitúa. En la causa de la caja B del PP, el Supremo rebajó las penas en 2024 al apreciar dilaciones indebidas, la atenuante que reduce la condena cuando el Estado tarda más de lo razonable, porque habían pasado cinco años entre el final de la instrucción y el juicio.

Entretanto, la lista de acusados ha empezado a cambiar por causas ajenas a la prueba. Osàcar murió el 18 de marzo de 2024, a los 88 años, según la agencia ACN; su muerte extingue su responsabilidad penal, de modo que quedan 29 personas físicas acusadas. Y una parte de los acusados ha pactado conformidades con la Fiscalía, acuerdos por los que se aceptan los hechos a cambio de una pena menor, según El Món. Cuántos son y en qué términos no se ha hecho público.

Lo que falta por saber

Antes de que empiece el juicio quedan varias incógnitas. La primera, la fecha misma, que solo consta por una fuente periodística. La segunda, el número de conformidades, que puede reducir el número de acusados que lleguen a la vista. La tercera, el dinero: entre los 10,3 millones del juez de El Vendrell y el 1,8 que, según El Món, recoge el escrito de acusación media una distancia que solo el juicio puede aclarar. Y la cuarta, quién respondería de una eventual condena económica al PDeCAT.

El nombre del caso es anterior a la causa judicial. En febrero de 2005, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, atribuyó en el Parlament a los gobiernos de Convergència el cobro de un 3 %; Artur Mas le acusó de haber «perdido los papeles» y Maragall retiró sus palabras, según recuerda Maldita Hemeroteca. Si se cumple el calendario que publicó El Món, el juicio empezará el 8 de febrero de 2027, veintidós años después de aquella sesión.