El Palau de la Música ha recuperado tres de cada cinco euros del expolio

El 26 de febrero de 2025, el Palau de la Música Catalana compró en subasta, por 780.000 euros, la finca que Fèlix Millet tenía en L'Ametlla del Vallès (Barcelona). La institución pagaba así por un bien del hombre que la había presidido y que, junto con su director administrativo, Jordi Montull, había sido condenado a devolverle 23 millones de euros. Un año después, la finca, tasada en tres millones, seguía sin venderse: ninguna oferta alcanzaba el millón y medio.

La operación retrata la fase en la que se encuentra el caso desde que el Tribunal Supremo confirmó las condenas el 29 de abril de 2020. Aquella sentencia firme fijó dos cuentas distintas: lo que Millet y Montull se quedaron de las entidades del Palau y lo que la constructora Ferrovial pagó, a través del Palau, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ninguna de las dos está saldada. Del expolio se han recuperado más de 13,6 millones, en torno al 60 %. Del decomiso de 6.676.105,58 euros impuesto a CDC no existe ninguna cifra pública de cobro: el partido entró en concurso de acreedores y esa deuda quedó en el último lugar de la cola.

Entre el registro de los Mossos d'Esquadra en el Palau y la sentencia firme transcurrieron diez años y nueve meses. Desde entonces han pasado otros seis y medio, los de la ejecución, la fase en la que el tribunal convierte el fallo en cárcel cumplida y dinero devuelto. Es ahí donde se mide cuánto de lo juzgado ha podido deshacerse. Dos de los cuatro condenados principales han muerto; los directivos de la empresa que pagaba las comisiones fueron absueltos porque el delito había prescrito, y el partido que las cobraba está en concurso de acreedores.

Un 4 % que entraba como patrocinio

La sentencia describe un circuito de tres tramos. Ferrovial abonaba el 4 % del volumen de obra pública que se le adjudicaba en Cataluña; de ese porcentaje, el 2,5 % iba a CDC y el 1,5 % restante a Millet y Montull, que se lo repartían a razón de un 80 y un 20 %, según la nota del Consejo General del Poder Judicial sobre el fallo. El dinero entraba en el Palau bajo la forma de un patrocinio que el tribunal considera simulado y salía hacia el partido por tres vías: efectivo entregado a sus tesoreros, convenios simulados con la Fundació Trias Fargas, la fundación del partido, más tarde rebautizada CatDem, y facturas por servicios que nunca se prestaron.

Con ese esquema, la constructora figuraba como mecenas de una institución cultural y el partido recibía el dinero en metálico o a través de su fundación. El Supremo lo resumió en una frase: «Intercambio de favores, donde todos resultan favorecidos; dinero por favores, la esencia de la corrupción».

El reparto de responsabilidades, sin embargo, no siguió el mismo trazado que el dinero. Daniel Osàcar, tesorero de CDC entre 2005 y 2010, fue condenado a tres años y seis meses de prisión, pero el Supremo lo absolvió del delito de tráfico de influencias con esta frase: «No consta acreditado que por obra adjudicada siendo el recurrente tesorero de CDC, Ferrovial abonara comisión». Los dos directivos de la constructora que se sentaron en el banquillo quedaron absueltos por prescripción, y el alto tribunal desestimó el recurso de la Fiscalía contra esa absolución.

CDC tampoco fue condenada penalmente. Los hechos, que la Audiencia de Barcelona situó entre 1999 y 2009, son anteriores a la reforma que en 2012 permitió por primera vez exigir responsabilidad penal a los partidos. Lo que el tribunal le impuso fue un decomiso, la privación de las ganancias obtenidas con el delito: 6.676.105,58 euros «como ganancias obtenidas mediante tráfico de influencias». El Supremo subrayó la diferencia: «No estamos ante una declaración de responsabilidad civil, porque el decomiso es institución distinta». Esa es la cuenta que quedó atrapada cuando el partido dejó de poder pagar.

La deuda que cobra la última

CDC presentó concurso voluntario de acreedores en 2020. En septiembre de ese año, la administración concursal cifró su deuda en 11,9 millones frente a un activo de 8,5, según el diario Ara. El decomiso del Palau quedó calificado como crédito subordinado, la categoría que la ley de concursos coloca detrás de todas las demás: antes cobran los bancos con garantía —CaixaBank y Sabadell, por 3,4 millones—, Hacienda y la Seguridad Social, por 454.881 euros, y los acreedores ordinarios, por 1,4 millones.

La Audiencia de Barcelona trató de ordenar ese dinero. En octubre de 2020 dispuso que lo obtenido del decomiso pagara primero las responsabilidades civiles debidas al Palau y a Hacienda y que el resto fuera al Estado. Tenía entonces 23 inmuebles decomisados a CDC pendientes de subasta. Al año siguiente, el Palau reclamó el decomiso a Junts y al PDeCAT como «continuadores» de Convergència.

La vía se cerró en febrero de 2022. Después de que la Sala de Conflictos del Supremo atribuyera la competencia al Juzgado Mercantil 9 de Barcelona, que tramita el concurso, la Audiencia dejó de ejecutar contra el PDeCAT y Junts «sin prejuzgar si concurre o no el efectivo carácter sucesor» y remitió los bienes embargados a la masa del concurso. Según el Ara, los 6,6 millones y los inmuebles se repartirán entre los acreedores de CDC y no volverán al Palau. El PDeCAT, por su parte, cerró su propio concurso en enero de 2024 con un pasivo de 6.455.803,32 euros y sin bienes con los que atenderlo.

Cuánto se ha cobrado del decomiso no figura en las notas del Poder Judicial ni en las informaciones publicadas sobre la liquidación. La cifra que el Supremo atribuyó a las comisiones de Convergència existe en la sentencia; su recorrido posterior, no.

La cifra que el Supremo atribuyó a las comisiones de Convergència existe en la sentencia; su recorrido posterior, no.

Trece millones y medio en diecisiete años

La otra cuenta, la del expolio, sí tiene serie. La sentencia obliga a Millet y a Montull a devolver 23 millones a las tres entidades del Palau: el Consorci, la Fundació y la Associació Orfeó Català. En octubre de 2020, la Audiencia había consignado 9.239.404,81 euros y tenía 33 inmuebles embargados a los Millet y los Montull pendientes de subasta. En noviembre de 2022 la cantidad rondaba los 12 millones. Un año más tarde, 3Cat contaba «gairebé 13 dels 23 milions» y describía el recobro como «encallat», encallado. En febrero de 2025, cuando el Palau pujó por la finca, seguía cerca de 13.

La última referencia, de marzo de 2026, eleva lo recuperado a «més de 13.600.000 euros» sobre un total que 3Cat sitúa en «més de 22.600.000», una cifra algo inferior a los 23 millones de la nota oficial del Supremo. Con cualquiera de las dos bases, falta por recuperar algo más de nueve millones, casi diecisiete años después del registro. Desde 2023, la cifra apenas se ha movido: de casi 13 a algo más de 13,6 millones en dos años y medio.

La finca de L'Ametlla del Vallès ilustra el problema. El Palau desembolsó 780.000 euros para adjudicársela; lo que obtenga cuando la venda solo reducirá la deuda pendiente en la parte que supere ese desembolso. Entretanto, la búsqueda de patrimonio abrió otro frente: en octubre de 2022, Millet y Montull fueron investigados de nuevo por ocultar ingresos para no indemnizar al Palau. El resultado de esa causa no se ha hecho público.

Nueve años y ocho meses de condena, dos años y cuatro meses en prisión

La deuda pendiente tuvo consecuencias en la prisión antes que en las cuentas. Millet, condenado a nueve años y ocho meses, ingresó en la cárcel el 25 de junio de 2020. El juez de vigilancia penitenciaria le negó dos veces el régimen abierto porque no había pagado la responsabilidad civil, según EFE y Vozpópuli. A finales de octubre de 2022, la Generalitat le concedió el tercer grado por motivos humanitarios, la vía que el Reglamento Penitenciario reserva a los enfermos muy graves con padecimientos incurables, y la Fiscalía lo recurrió. Había pasado unos dos años y cuatro meses en régimen ordinario. Murió el 16 de marzo de 2023, a los 87 años, según la Gran Enciclopèdia Catalana; otras fuentes fechan la muerte un día antes.

Jordi Montull, condenado a siete años y seis meses, ingresó el 22 de junio de 2020 y obtuvo el tercer grado catorce meses después, en septiembre de 2021. La Fiscalía pidió revocarlo y, a principios de 2022, el juez de vigilancia lo devolvió al segundo grado, según Vozpópuli y Qué!. Su situación penitenciaria posterior no se ha publicado. Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, no llegó a ingresar: su pena de cuatro años se sustituyó por 365 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, de las que en noviembre de 2021 había cumplido quince en diez meses.

El caso de Osàcar es el que más separa la condena del cumplimiento. Ingresó en prisión el mismo día que Millet y, 75 días después, en septiembre de 2020, pasó a tercer grado. Murió el 18 de marzo de 2024, a los 88 años, según la agencia ACN, con todos sus bienes embargados, de acuerdo con su abogado. Para entonces estaba acusado en otra causa sobre la financiación de Convergència, la del 3 %, que no ha llegado a juicio.

Lo que sigue abierto

La sentencia es firme y se ejecuta en la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona. Quedan sin respuesta pública cuatro cuestiones: cuánto se ha cobrado del decomiso de CDC y si su concurso se ha cerrado; en qué régimen cumple hoy Jordi Montull; cómo terminó la investigación de 2022 por ocultación de ingresos, y cuánto podrá obtener el Palau de los bienes que aún tiene por vender.

Del registro de los Mossos a la sentencia firme pasaron diez años y nueve meses; de los primeros hechos, en 1999, a la firmeza, veintiún años. La finca de L'Ametlla del Vallès sigue a la venta. Lo que se pague por ella, menos los 780.000 euros que costó al Palau, es la próxima partida que puede sumarse a los trece millones y medio recuperados de los 23 que salieron.