La Guardia Civil detiene a 27 personas en Cantabria por obligar a mujeres extranjeras a prostituirse
La organización captaba a las víctimas en su país con falsas ofertas de trabajo, según los investigadores, y subarrendaba además viviendas ocupadas. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.
La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria una organización criminal a la que atribuye la captación de mujeres extranjeras en sus países de origen para someterlas a explotación sexual. La operación Pucero, cuyo balance se difundió el 23 de octubre, se ha saldado con 27 detenidos —20 hombres y 7 mujeres— y una investigada en Valencia. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.
Según los investigadores, las mujeres eran obligadas a prostituirse bajo amenazas en un club de Argoños, en pisos de Santander y en un chalé de Laredo. La causa, que instruye la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Santoña, abarca delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios.
La captación
Las pesquisas arrancaron cuando agentes de la Guardia Civil de Cantabria detectaron a cuatro mujeres extranjeras que podían estar siendo explotadas en localidades como Santander y Laredo, según recogió EFE.
El circuito que describe el instituto armado comenzaba a miles de kilómetros. Un individuo que se presentaba como un «importante empresario» buscaba a las víctimas en pequeñas poblaciones de su país y les ofrecía empleo y alojamiento, también para sus familias. El traslado a España se hacía con escalas en Dubái, París y Barcelona.
La realidad que encontraban a su llegada era otra. De acuerdo con la nota oficial, eran conducidas a viviendas ocupadas, donde se las forzaba mediante amenazas a ejercer la prostitución y a atender a varios clientes en una misma noche, en condiciones insalubres y sin suministros básicos. La Guardia Civil cifra en «al menos cuatro» las mujeres captadas, sin precisar el número total de víctimas.
Viviendas ocupadas y droga del Levante
La explotación sexual no era, según los investigadores, la única fuente de ingresos de la organización. El grupo se apropiaba de viviendas en distintas localidades de Cantabria —en algunos casos, por encargo— y las subarrendaba después a terceros, entre ellos personas extranjeras o en situación de vulnerabilidad. La Guardia Civil no descarta que llegaran a ser una treintena de inmuebles. La red tramitaba, además, el empadronamiento de los ocupantes para facilitarles el acceso a prestaciones públicas.
A ello se sumaba el tráfico de estupefacientes. La organización adquiría cocaína, hachís y marihuana en Valencia y el litoral levantino para su distribución en Cantabria, recurriendo a vehículos alquilados a nombre de terceros y a coches lanzadera para anticipar los controles policiales. La droga se almacenaba en pisos de Laredo y Colindres y se vendía en los propios lugares de prostitución y en el menudeo del oriente de la región y de Santander.
Doce registros
Los agentes practicaron doce registros en viviendas y establecimientos de Cicero, Argoños, Colindres, Santander, Laredo, Santoña y Arnuero, así como en la localidad valenciana de Chiva. Se intervinieron 30.000 euros en efectivo, 24 kilos de cogollos de marihuana, cerca de un kilo de cocaína, unos 100 gramos de hachís, básculas de precisión, una pistola simulada, joyas y documentación, y se desmanteló una plantación interior de marihuana que, según EFE, se abastecía de paneles solares. En el dispositivo participaron efectivos de Cantabria, León, Asturias, Bilbao, Guipúzcoa y Valencia.
El comunicado oficial incurre en una contradicción: su entradilla sitúa las 27 detenciones «en las provincias de Cantabria y Valencia», mientras que el desarrollo las ubica todas en Cantabria y circunscribe a Valencia la mujer investigada.
La dimensión del fenómeno
Durante 2025, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en el conjunto de España a 374 víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual y a otras 397 de explotación sexual ajena a esas redes, según el balance del Ministerio del Interior difundido en junio. Las 189 operaciones desarrolladas contra ambas modalidades permitieron desarticular 87 grupos y detener a 656 personas.
Las cifras recogen únicamente a las víctimas identificadas. En el caso cántabro, la investigación partió de la detección de cuatro mujeres por parte de los agentes.
Lo que se desconoce
La Guardia Civil no ha precisado cuántas mujeres fueron explotadas ni desde cuándo operaba la organización. Tampoco ha detallado los delitos que se imputan a cada uno de los 27 detenidos ni la situación procesal de quienes no han ingresado en prisión. Todos ellos tienen la condición de investigados en una causa que permanece en fase de instrucción en el juzgado de Santoña.
La Policía Nacional mantiene un servicio para denunciar situaciones de trata, también de forma anónima: el teléfono gratuito 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es.
