Tirana suma trece días de disturbios con más de 300 heridos y cientos de detenidos

El martes 13 de octubre, convocados a las 14:00, varios cientos de estudiantes se concentraron ante el Ministerio de Educación, en la calle Durrësit de Tirana. Protestaban por las tasas universitarias y por el estado de las facultades y de las residencias. Esa misma tarde, la concentración había terminado con ladrillos y bloques contra la fachada, gas lacrimógeno y cañones de agua. La policía denunció que la atacaron con «cócteles molotov, latas, piedras y objetos contundentes» y contó 23 detenidos, seis agentes heridos y una periodista herida. Esa noche, según la policía, un grupo entró en el ministerio y prendió fuego dentro.

Desde entonces no ha pasado un día sin choques. A 25 de octubre, la protesta cumple trece jornadas. Las autoridades hablan de más de 300 heridos entre manifestantes y policías; la Policía Estatal contabilizó 271 detenidos solo en la primera semana; el juzgado de Tirana ha enviado a decenas de detenidos a prisión provisional o a arresto domiciliario, y el Defensor del Pueblo ha documentado denuncias de malos tratos a menores en los calabozos. No se ha registrado ningún muerto.

Lo que empezó como una reclamación educativa se ha convertido en la petición de dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, en el poder desde 2013 y reelegido para un cuarto mandato en mayo de 2025. En trece días, el Estado ha respondido con balas de goma, cientos de detenciones, vistas diarias en el juzgado y un paquete de multas, y el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por el trato en los calabozos.

«La violencia contra un menor bajo custodia es una violación absoluta». Ahmet Prençi, Defensor del Pueblo de Albania

Una protesta que venía de antes

La calle de Tirana no estaba vacía antes del 13 de octubre. Desde el 31 de mayo había protestas diarias del llamado movimiento Flamingo, nacido contra un complejo turístico en la costa de Vlorë vinculado a Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. La chispa fue una agresión: a finales de mayo, vigilantes privados golpearon en Zvërnec, dentro del área protegida de Vjosë-Nartë, a vecinos que protestaban por una alambrada que les cortaba el paso a la playa. En junio, la Fiscalía Especial Anticorrupción (SPAK) abrió una investigación sobre el dinero con el que se compraron y vendieron los terrenos; Reuters no halló pruebas de irregularidades de Kushner.

El 10 de octubre, en el día 133 de aquellas protestas, una pancarta estudiantil convocó una «protesta nacional» para el martes siguiente a las 14:00 ante el Ministerio de Educación. Las quejas eran concretas: tasas altas, facultades y residencias en mal estado, pocas ayudas y pocas salidas laborales. Un estudiante lo resumió así ante Balkan Insight: «Venimos a Tirana a estudiar y nos obligan a no estudiar, sino a trabajar». Albania ya había vivido algo parecido: en diciembre de 2018, otra protesta universitaria por las tasas forzó la dimisión de la ministra de Educación y una remodelación de ocho de sus quince ministros.

El 14 de octubre: ocho horas de disturbios

El miércoles 14, segundo día, la protesta desbordó el ministerio. La agencia AP describió más de ocho horas de disturbios y al menos cuatro ministerios dañados, entre ellos el de Justicia. El directo de Euronews Albania fue anotando el avance hora a hora: el asalto al Ministerio de Economía a las 17:00, el intento de entrar en la Comisión Electoral a las 17:13, piedras y molotov contra la sede del Gobierno desde las 17:18, una puerta rota en la Presidencia del Parlamento a las 18:30 y fuego en la primera planta del Ministerio de Justicia a las 19:29. Un testigo de Reuters vio arder una sucursal de Raiffeisen Bank junto al Ministerio de Educación. Junto a la comisaría número 2 quemaron un coche patrulla. Las clases se boicotearon en facultades de Tirana, en un instituto y en las universidades de Shkodër y Elbasan.

Las cifras de ese día ya no coincidían entre fuentes. AP contó 35 detenidos sobre la marcha. Al día siguiente, la policía dio por escrito 55 detenidos en flagrante, dos de ellos menores, 98 investigados en libertad y 51 agentes heridos.

Ese mismo día apareció la otra cara de los disturbios. El director general de la Policía suspendió a cuatro agentes tras difundirse un vídeo en el que se ve a policías trasladar con brusquedad a un joven de 19 años con una pierna rota. La Delegación de la Unión Europea en Tirana pidió una respuesta «proporcionada» y que se investigaran las «alegaciones de violencia excesiva de la policía contra manifestantes y periodistas». El presidente de la República, Bajram Begaj, pidió calma: «La Constitución y la ley deben seguir siendo el límite para todos, sin excepción».

Balas de goma y una comisaría en llamas

Rama no dimitió. Por escrito, respondió a Reuters que su responsabilidad era «escuchar, atender las preocupaciones legítimas y hacer avanzar Albania», y que «los gobiernos cambian mediante elecciones democráticas». En esa misma respuesta escribió: «Quizá algunas fuerzas, dentro y fuera, no quieren que Albania triunfe como pionera de la adhesión a la UE». Grabó además un vídeo dentro de una oficina calcinada, la del Colegio de Europa.

La respuesta policial subió de grado. El sábado 17, quinto día, el director de la Policía Estatal, Skënder Hita, confirmó que se habían usado balas de goma «de forma limitada» por primera vez, además de granadas aturdidoras, gas y cañones de agua. Ese día se suspendió a siete agentes por presuntos excesos. El domingo 18, una concentración convocada como pacífica a las 12:30 terminó con adoquines contra el ministerio, ventanas rotas en la sede del Partido Socialista, una comisaría incendiada por encapuchados y la entrada del Ministerio del Interior en llamas. Esa misma tarde, hombres con palos salieron de la sede socialista y se enfrentaron a manifestantes; nadie ha aclarado quiénes eran. Ciento cuarenta y un profesores universitarios firmaron un texto que condenaba la violencia policial y pedía la dimisión de Rama.

Para Rama, el ataque a la comisaría fue el punto de no retorno: se había «cruzado una línea roja». «Protestar es un derecho; la violencia es un delito», dijo. Atribuyó la mayor parte de los disturbios a «200 o 300» encapuchados que, según él, no son estudiantes, culpó a Rusia y a Irán de difundir desinformación y aseguró que dos días antes de su anuncio del 18 de octubre se había neutralizado un dron con explosivos dirigido contra la sede del Gobierno. Ni la policía ni la Fiscalía respondieron a las preguntas de Radio Free Europe sobre ese dron, y el Gobierno no ha presentado pruebas públicas de la injerencia extranjera. La Comisión Europea condenó la violencia y recordó que «cualquier respuesta debe ajustarse a la ley y ser proporcionada».

Cuántos detenidos, cuántos heridos

El balance oficial más sólido es el de la Policía Estatal: 271 detenidos entre el 13 y el 19 de octubre, 51 de ellos con antecedentes, según su comunicado del día 20. No ha publicado un total posterior. Reuters, con datos de la propia policía, habló el día 17 de 500 personas retenidas, de las que 330 habían quedado en libertad. Ese mismo día, Hita daba 167 detenidos en cinco días. Probablemente la diferencia esté entre las personas llevadas a comisaría para identificarlas y las detenidas en flagrante, pero ninguna fuente oficial lo ha explicado.

Con los heridos ocurre lo mismo. El Ministerio de Sanidad contabilizó el 18 de octubre 272 heridos desde el día 13, 169 de ellos policías; Rama habló ese mismo día de 295. El 24, las autoridades ya hablaban de más de 300. Entre los manifestantes hay lesiones graves documentadas: el joven de la pierna rota y uno de 28 años herido en un ojo el 24 de octubre, un caso que investigan la propia policía, la Agencia de Supervisión Policial y la Fiscalía, y por el que se ha suspendido a un inspector de la unidad especial Shqiponja. La Asociación de Periodistas de Albania denunció la agresión policial a una periodista el primer día; según Balkan Insight, al menos cinco informadores resultaron heridos esa jornada, otro fue alcanzado por una piedra el 18 y tres fueron atendidos el 24, según el diario Urgjent.

Qué ha hecho el juzgado

Los detenidos pasan ante el Juzgado de Tirana, que decide las medidas cautelares mientras la Fiscalía investiga. El viernes 16, el juez vio a los 19 primeros: declaró legales las detenciones, envió a uno a prisión provisional y a seis a arresto domiciliario, y dejó a los otros doce con la obligación de presentarse periódicamente. Uno de sus abogados sostuvo que las pruebas solo demostraban que habían estado en la protesta y que algunos detenidos hospitalizados tenían «signos visibles de violencia». Al día siguiente, de 63 detenidos, 25 quedaron en prisión provisional, según Shqiptarja.com, y cinco en arresto domiciliario, investigados por resistencia a la autoridad, daños, desórdenes públicos, participación en reuniones ilegales, robo y tenencia de armas blancas.

El patrón se repite en las vistas siguientes: la gran mayoría sale del juzgado con la obligación de presentarse y una minoría, unas decenas, queda en prisión o en su casa. El día 23, el juez impuso esa obligación a diez manifestantes, uno de ellos de 14 años, y rechazó la petición de la Fiscalía de prohibirles acercarse a instituciones y concentraciones. No hay todavía ningún escrito de acusación ni ninguna sentencia: todos los detenidos son investigados.

Los calabozos, según el Defensor del Pueblo

La noche del 19 de octubre, el Defensor del Pueblo recorrió comisarías y hospitales. Su informe preliminar, firmado por el comisionado Ahmet Prençi, encontró a 50 personas en comisarías, 18 de ellas menores, y a unas 109 en el llamado Bloque de Seguridad, hacinadas, sin camas, sin agua suficiente, sin calefacción y sin la atención médica necesaria. En la comisaría número 1, cinco de los ocho menores retenidos denunciaron malos tratos físicos y verbales, y dos tenían lesiones visibles. «La violencia contra un menor bajo custodia es una violación absoluta», escribió Prençi, que recogió once quejas formales, registros de teléfonos móviles sin orden judicial, agentes sin número de identificación y menores anotados en el registro de adultos. Abrió una investigación administrativa y pidió cámaras en todas las zonas de custodia. En el mismo texto condenó «todo acto de violencia, venga de quien venga».

Diálogo, cojines quemados y multas

El martes 20, Rama ofreció en vídeo un «diálogo incondicional», salvo con quienes cometieran violencia, y mandó colocar sillas con el rótulo «DIÁLOGO» ante la escalinata de la sede del Gobierno. Ese mismo día, en una reunión con responsables educativos, habló de «guerra híbrida». El jueves 22, mientras los estudiantes rodeaban el Parlamento, la mayoría socialista rechazó debatir sobre las protestas; diputados de la oposición mostraron fotos de estudiantes heridos y la sesión acabó a empujones.

El sábado 24, la «protesta nacional» reunió a miles de personas, con el apoyo de profesores, médicos, artistas y partidos de la oposición. Según las autoridades citadas por Euronews, se desplegaron 2.500 agentes. Volvieron el gas, los cañones de agua y las balas de goma, y ardió la puerta del Ministerio de Agricultura. Seguidores del Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición, quemaron los cojines rojos que Rama había colocado como invitación al diálogo. Entre los manifestantes, sin embargo, se oía «Rama a la cárcel, Berisha a la cárcel», en referencia también a Sali Berisha, líder de esa oposición. La protesta no tiene portavoces públicos ni ha emitido comunicados colectivos.

Este domingo, 25 de octubre, Rama presentó un «paquete legal contra la violencia y la anarquía». Incluye multas de hasta 500.000 lekë, unos 6.188 dólares según Reuters, para quien permanezca en una protesta que se vuelve violenta después del aviso policial, aunque no haya cometido actos violentos. También prevé cárcel o multa por taparse la cara para cometer violencia, la prohibición de salir del país a quien eluda las medidas, un registro electrónico de investigados por delitos contra el orden público, indemnizaciones a los comercios dañados y penas por incitación en redes. «La protesta pacífica se protege, la violencia se castiga y el daño lo paga quien lo causa», resumió Rama. El paquete es por ahora una propuesta: no consta que lo haya aprobado el Consejo de Ministros ni el Parlamento. Por la tarde, los manifestantes volvieron ante el Ministerio de Educación, marcharon hasta la sede del Gobierno y quemaron las sillas del diálogo.

Lo que no se sabe

No hay una cifra oficial de detenidos posterior al 19 de octubre ni de heridos posterior al 18. Nadie ha explicado la distancia entre los 500 retenidos de los que habló Reuters y los 167 detenidos que dio el jefe de la policía el mismo día. Tampoco se sabe quiénes eran los encapuchados que protagonizaron los ataques más graves ni los hombres con palos que salieron de la sede socialista el 18 de octubre. La existencia del dron con explosivos y la injerencia rusa o iraní descansan solo en la palabra del primer ministro. En redes circulan vídeos de los choques difundidos por cuentas que no los grabaron, sin autor ni fecha comprobables, y denuncias de manifestantes mutilados por granadas policiales que ningún medio de referencia ha confirmado.

Dónde está ahora

Los estudiantes vuelven cada día a las 14:00 ante el Ministerio de Educación. No hay acuerdo ni negociación abierta: el Gobierno ofrece diálogo y medidas de vivienda, pero Rama no dimite, y los manifestantes rechazan cualquier conversación que no pase por su salida. Siguen abiertas la investigación del Defensor del Pueblo, las investigaciones internas sobre los agentes suspendidos (cuatro el 14, siete el 17 y un inspector por los hechos del 24) y la de la Fiscalía por la lesión ocular del 24 de octubre. Decenas de detenidos esperan en prisión provisional o en arresto domiciliario a que la Fiscalía decida si los acusa. El paquete de multas aún no ha pasado por el Consejo de Ministros ni por el Parlamento.